Competencias y limitaciones de los tribunales de arbitramento en la resolución de controversias de la contratación estatal

A partir de la contradicción encontrada entre los postulados de la Ley 80 de 1993, que otorga amplias facultades y competencias a los Tribunales de Arbitramento, y que contrasta con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que limitan sus competencias y alcances, generando una incertidumbre jurídica frente al verdadero alcance y competencias de los Tribunales de Arbitramento y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los contratos estatales al generar riesgos para los inversionistas contratistas del Estado, en la presente investigación se analizan los riesgos para las partes en la contratación estatal, por la contradicción existente entre los postulados de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la competencia y facultades de la justicia arbitral. Las conclusiones permiten establecer que la jurisprudencia comporta, aunque lenta, una tendencia hacia el reconocimiento de la plena competencia y autonomía de la justicia arbitral. No obstante, el nuevo estatuto de arbitraje nacional e internacional evitó otorgar competencia a la justicia arbitral para que se pronunciara sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales y sólo le reconoció competencia sobre las consecuencias económicas de dichos actos. Como aún no existe jurisprudencia que se pronuncie sobre la Ley 1563 de 2012, habrá que esperar a que ésta llegue y juzgar de este modo los posibles riesgos que surgen para el contratista particular cuando deba recurrir a la justicia arbitral en la solución de las controversias de casos de contratación estatal.From the contradiction found between the postulates of Law 80 of 1993, which grants broad powers and responsibilities to the Courts of Arbitration, and contrasts with the jurisprudence of the State Council and the Constitutional Court, which limit its powers and scope generating a legal uncertainty about the true scope and powers of arbitration courts and threatening legal certainty of state contracts to generate risks for investors contractors State, in this research the risks to the parties discussed in the government procurement, by the contradiction between the principles of the Law 80 of 1993 and the jurisprudence of the State Council against the competition and powers of the arbitral justice. The findings establish that the case involves, albeit slow, a trend towards recognition of full competence and autonomy of arbitral justice. However, the new status of national and international arbitration avoided arbitration award competition to justice for it to rule on the legality of administrative acts issued emergency powers and jurisdiction only recognized him on the economic consequences of such acts. As yet there is no jurisprudence to rule on the Law 1563 of 2012, will have to wait until it arrives and judge thus the possible risks arising for the particular contractor when to have recourse to arbitration justice in resolving disputes cases of government contracting

TRIBUNAL ARBITRAL DE SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA VS. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO AVANTE SEPT

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Consideraciones en torno a los principales contratos públicos e instrumentos de resolución de conflictos derivados de su ejecución

30 p.La Ley 80 de 1993 no determina taxativamente los tipos de contratos, por lo que la Administración puede celebrar contratos innominados, pero sujetos al Estatuto Contractual. Esta Ley define los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública; en todos los demás casos, el operador jurídico de los contratos deberá remitirse al derecho privado, a las disposiciones especiales sobre contratos y a las normas que regulen actos jurídicos generadores de obligaciones o que permitan la autonomía de la voluntad. Esta norma delimita los contratos estatales como todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo se definen en la ley. Expresa que son contratos estales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades sometidas a la aplicación del Estatuto de contratación estatal.Obra pública Contrato de concesión Prestación de servicios Contrato de consultoría Controversias contractuales Algunos mecanismos constitucionales para la solución de problemas jurídicos en el marco de la contratación estatal Arbitraje Liquidación del contrato estata

La necesidad del control de la administración en el estado de derecho. El sistema de control en el Perú

El presente trabajo está relacionado con el control jurídico de la Administración por parte de los órganos jurisdiccionales, esto a partir de sus antecedentes más concretos (Código Procesal Civil) y con la posterior introducción del proceso de plena jurisdicción a partir del 2001 (Ley N° 27584). El desarrollo de la presente tesis se realiza a través de tres capítulos para luego establecer algunas conclusiones y recomendaciones. En el primer capítulo, abordo la fundamentación teórico-constitucional de la función de la Administración y de su facultad discrecional en el Estado de Derecho. En el segundo capítulo analizo los fundamentos que sustentan la necesidad de la existencia de controles respecto del desarrollo de la actividad administrativa y el equilibrio que es necesario alcanzar entre el principio de división de poderes y el principio a la tutela judicial efectiva. Asimismo detallo los tipos de controles ideados por la legislación para evitar la arbitrariedad de la Administración (internos y externos). Por último se hace un recuento de las diversas técnicas creadas y establecidas para efectuar el control de la facultad discrecional de la Administración y la posibilidad que existe respecto a que un Juez pueda sustituir a la Administración al momento de juzgar un acto arbitrario generado a partir de la aplicación de su facultad discrecional. En el tercer capítulo, presento lo que considero el sistema de control mixto que existe en nuestro país, explicando las razones por las cuales estimo la presencia de tal situación en nuestro sistema. Analizo la manera como se realiza el control de la Administración por parte de nuestra Corte Suprema y del Tribunal Constitucional y la posición adoptada por nuestra jurisprudencia (judicial y constitucional) respecto a la posibilidad de sustitución de la Administración, por parte de un Juez, al momento de juzgarla cuando ésta ha ejercitado su facultad discrecional.Tesi

El recurso de anulación contra laudo arbitral: arbitraje nacional, Colombia, ley 1563 de 2012

Este documento es una investigación adelantada en el marco de la entrada en vigor de la ley 1563 del año 2012, por medio de la cual se expidió el estatuto de arbitraje Nacional e Internacional. El actual régimen de arbitraje define el arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de conflictos.El siguiente artículo se circunscribe al estudio del contenido legislativo sobre los laudos arbitrales proferidos en los tribunales de arbitraje nacionales, específicamente en lo que se refiere a las fórmulas de impugnación.This research paper has been conducted under the entry into force of Act 1563 of 2012, by which the statute of National and International Arbitration was issued. The current arbitration regime, defines arbitration as an alternative dispute resolution method. The following article is limited to the study of legislative content on arbitral awards issued by national courts of arbitration. Specifically to appeals of arbitration awards.Pregrad

Fundamentos contemporáneos del derecho público: transformaciones necesarias

112 p.En el contexto global actual, el Derecho se está transformando de una manera cada vez más acelerada, al ritmo de los cambios de la sociedad. Lo que es hoy, mañana ya no y surgen nuevas situaciones que, en muchas ocasiones, escapan al control de la ley o modifican un panorama social estable en tiempos relativamente cortos. La variación de la concepción del Estado hace que la gran mayoría de temas angulares del Derecho Público se cuestione y que, a su vez, no sea sencillo identificarlos y analizarlos, motivo por el cual se amplían los vacíos jurídicos y se vuelven prioritarias su identificación y revisión. En este libro se plantean problemas de investigación vinculados a diferentes áreas del Derecho Público, en particular al Derecho Administrativo y Constitucional, que han sido resueltos con distintos métodos de indagación, entre ellos, el analítico, el comparado y el histórico.Prólogo Introducción Capítulo 1. El sistema de derechos y libertades en la constitución de 1991 Capítulo 2. El procedimiento de formación de la voluntad de la administración y su responsabilidad patrimonial en el marco de la contratación estatal Capítulo 3. Responsabilidad por contaminación postransfusional de VIH Capítulo 4. Una cuestión vigente: la exigibilidad como presupuesto de la culpabilidad Conclusión Bibliografí

Alcance del control judicial de los actos administrativos del regulador del sector eléctrico en Colombia

The scope of judicial review of the acts of regulatory agencies conveys significant conflicting points of view. This research aims to explain how control oscillates between full review and judicial deference to administrative agencies, and how in this scenario the asymmetry in the information of the regulator and that of the judge plays a significant role. Regulatory quality, as a qualified standard in the rulemaking process, can reduce this asymmetry and have important consequences in the judicial approach to disputes regarding agency rules. The respect of regulatory quality requirements during the issuance of the final rule by the energy sector regulator, allows the judge to have more information, and thus facilities judicial review of its acts.El alcance del control judicial a los actos administrativos expedidos por las autoridades regulatorias plantea importantes tensiones. La presente investigación encuentra que este control realmente oscila entre un control pleno y la deferencia judicial, escenario en el que la asimetría de información que detenta el regulador y aquella de que dispone el juez juega un papel fundamental. La calidad regulatoria como un proceso cualificado durante la expedición de la regulación permitiría reducir esta asimetría, lo que puede tener consecuencias importantes sobre la forma en que los jueces abordan las controversias que estos actos suscitan. La imposición del respeto de las exigencias derivadas de la calidad regulatoria a autoridades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), hace que el juez cuente con mayor información y, de este modo, facilita el control de sus actos

Los tribunales administrativos especiales de contratación pública ante las previsiones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Balance y prospectiva

Se aborda en este estudio la función de los órganos de recursos contractuales para la resolución de los recursos especiales. Se analiza la eficacia desde su funcionamiento y se postula la consolidación del modelo como herramienta efectiva de control y garantía del derecho a una buena Administración.This paper examines the operation of the courts handling appeals on contractual matters within the domain of special appeals. It analyzes their effectiveness and recommends the consolidation of the model as an effective tool to oversee and guarantee the right to good governance.En aquest estudi s'aborda la funció dels òrgans de recursos contractuals per a la resolució dels recursos especials. S'analitza l'eficàcia del seu funcionament i es postula la consolidació del model com a eina efectiva de control i garantia del dret a una bona Administració

La trasigibilidad en actos administrativos contractuales como garantía de seguridad jurídica del arbitraje estatal.

Colombia como un Estado social de derecho, desde la Constitución política de 1991 habilitó a los árbitros para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determinara la ley. Esto quiere decir que en la actualidad los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia y ejercer dicha función jurisdiccional. Sin embargo, el árbitro no es funcionario judicial, es decir, está habilitado por las partes por un pacto arbitral que puede ser una cláusula compromisoria o un compromiso. La función arbitral es de naturaleza heterocompositiva, y es considerada como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. En el derecho privado, de donde nace el arbitraje, es asimilado al contrato de transacción que conlleva a que se puede hacer referencia a la transigibilidad como un requisito previo para acudir al arbitraje. Conforme a lo anterior, debe destacarse que, en los contratos celebrados con entidades públicas, el Estado tiene todas las facultades y prerrogativas para incluir estas cláusulas arbitrales. De hecho, se consagran en los pliegos tipo que son modelos de contratación estatal obligatorios en la mayoría de los casos. Siguiendo con esto, y desde el planteamiento en el que actualmente no existe una reglamentación que prohíba expresamente el conocimiento de los actos administrativos contractuales en tribunales de arbitraje, esto porque no hay una limitación constitucional y el precedente jurisprudencial prohibitivo se basa en disposiciones derogadas del estatuto de la contratación pública, se pretende abordar si la introducción del concepto de transigibilidad en los actos administrativos contractuales proferidos en uso de las facultades excepcionales de la administración, contribuiría a superar el precedente fallido frente a tribunales arbitrales.Universidad Libre – Facultad de Derecho - Especialización en Administrativ